El presente texto nace en el marco del proyecto adjudicado con el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. PID2022-137245OB-I00. Garantías Institucionales y regulatorias. Autoridades electorales y de supervisión digital ante interferencias, narrativas hostiles, publicidad segmentada y polarización.
Autoras: Nairbis Sibrián y María José Labrador.
Referencia bibliográfica: Sibrián, N. y Labrador, M.J. (2024) Desafíos en torno a discursos de odio, eliminación masiva de datos y derecho al olvido. En I. Serrano y L. Corredoira (Eds). Democracia y Desinformación, Nuevas formas de polarización, discursos de odio y campañas en redes. Respuestas regulatorias de Europa y América Latina. (pp. 130 – 162). Dykinson.
Introducción: El surgimiento de delitos y derechos digitales, asociados al nuevo ecosistema de medios, genera variados debates sobre su conceptualización y formas de delimitarlos, entre otras cosas, debido al impacto que tienen en la transparencia de procesos electorales y democráticos (Risso, 2020). Asimismo, se producen una serie de tensiones cuando entran en colisión derechos y libertades vinculadas a la información. Por un lado, se encuentra el discurso de odio, el cual refleja conflictos entre grupos que se intensifican en redes sociales. Por otra parte, surge el derecho al olvido, entendido como la aspiración de una persona a eliminar información desfavorable sobre sí misma en sistemas informáticos (Anguita en Labrador y Carter, 2017).
Objetivo: Un primer objetivo de esta investigación es analizar los enfoques de los marcos regulatorios del discurso de odio en Internet y sus repercusiones sobre la democracia, considerando modalidades de desinformación y derechos emergentes.
Metodología: Se realizó un análisis de contenido de las legislaciones y/o proyectos de leyes en 20 estados de América Latina. Específicamente, se identificaron patrones normativos, modelos y tipo de legislación.
Principales resultados: En total, se encontraron 52 iniciativas legales, de las cuales 85% son leyes o artículos en códigos penales dedicados al odio, genocidio y discriminación, así como un 15% constituyen proyectos de ley que buscan regular las expresiones de odio en algún país latinoamericano. Del mismo modo, se encontraron 28 regulaciones que pertenecen al modelo sancionatorio, es decir, que incluyen penas, multas y algún tipo de castigo y 24 que forman parte del no sancionatorio, donde se encuentran los textos constitucionales y mecanismos legales sin especificar penalizaciones.