Señor director:

Hace unos días el CEO de META, Mark Zuckerberg, anunció el fin del programa de verificación independiente de hechos en Estados Unidos en plataformas como Facebook e Instagram. En su reemplazo, serán los propios usuarios quienes posteen sus “notas comunitarias” en los casos en que una información parezca dudosa.

Entre las razones de esta medida el ejecutivo señaló que había “sesgo político” en los chequeadores y que este proceso tenía “demasiada censura y errores”.

Como Observatorio de Desinformación Chile, vemos con preocupación que en tiempos de “hechos alternativos”, Deepfakes y realidades creadas con inteligencia artificial, la tendencia sea menospreciar el trabajo que profesionales expertos y entrenados en verificación de datos hacen cada día en estas plataformas digitales, donde la población acude mayoritariamente para informarse.

El verificador de datos es clave en el periodismo de calidad. Sin esta figura, las audiencias e incluso los propios medios quedan a merced de discursos públicos engañosos o información viral que podría inducir a errores tan graves como los ocasionados con desinformaciones que recibimos durante la pandemia del Covid 19 y que incluso costaron vidas humanas.

Adherimos a las declaraciones realizadas por las organizaciones de chequeadores de la red Latam Chequea y al amplio consenso académico; estimamos que la verificación de la información es una disciplina periodística en auge y que, en los últimos años, ha alcanzado un gran protagonismo como herramienta de lucha contra la desinformación.

Un claro ejemplo de esto es la relevancia de la sección El Polígrafo de El Mercurio, que lleva una década de trabajo verificando información y aportando a la educación de la población en esta materia. La eficacia del trabajo que sigan desarrollando las organizaciones de chequeo de datos contribuirá a la solidez de la democracia de cara a próximos periodos electorales, así como su capacidad de llegar a grandes audiencias a través de las mismas vías por las que se expande la desinformación.

Myriam Ruiz
María José Labrador
Observatorio Desinformación Chile

Fernando Gutiérrez afirmó que “lo más preocupante de este estudio es que evidencia las deficiencias que los medios estudiados tienen: no cuentan con información profesionalmente lograda, ya que en general no utilizan fuentes de información formal, emiten contenido sin contextualización y presentan una falta de adecuación a formatos de publicación, interacción e identidad visual en Instagram, lo cual puede favorecer procesos desinformativos. Además, el medio tradicional, del cual se esperaría mayore sindicadores de calidad,
no está generando el valor agregado que se espera. Por su parte, los medios independiente y alternativo logran una leve ventaja en el uso
de herramientas digitales, han obtenido mayor reconocimiento e interacción del público, pero aún sin cumplir los parámetros
esperados”.

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La reciente decisión de Meta (Facebook, Instagram y Threads) de poner fin a su programa de verificación de datos ha generado una ola de preocupación entre expertos en tecnología, medios y académicos. Aunque Mark Zuckerberg invirtió 100 millones de dólares en este programa y lo llevó a 115 países desde 2016, “no podemos convertirnos en árbitros de la verdad”, dijo para justificar la decisión.

En un contexto global donde las redes sociales reemplazan a los medios como principal fuente de información, este anuncio pone en riesgo la ya frágil capacidad de las personas de distinguir entre hechos y ficciones en el ciberespacio.

Este problema adquiere dimensiones especialmente preocupantes en América Latina y, en particular en Chile, donde los procesos desinformativos no solo han escalado rápidamente, sino que también amenazan la cohesión social y los valores democráticos. Según datos del informe Digital 2023 de We Are Social, el 85% de la población chilena utiliza redes sociales, lo que convierte a estas plataformas en un canal principal para el consumo de noticias. Sin embargo, esta masificación también ha creado un entorno propicio para la propagación de desinformación, pues diversos estudios indican que sobre el 60% de los usuarios de redes admite haber compartido noticias sin verificar, muchas veces influidos por el contenido emocional o alarmante.

La falta de verificación de datos por parte de Meta elimina un filtro crítico para contener este fenómeno. Las noticias falsas tienden a viralizarse un 70% más rápido que las verdaderas, según el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y esto no solo afecta a individuos, sino también a procesos colectivos como elecciones, decisiones de salud pública y debates sobre políticas sociales.

Esta situación intensifica el problema de los procesos desinformativos, que afectan todas las dimensiones de la vida en sociedad. En el contexto chileno, durante el 2024 la UDD y el Observatorio de Desinformación Chile presentaron evidencias de la propagación de información falsa durante el plebiscito constitucional de 2022, donde las redes sociales jugaron un rol crucial en diseminar teorías conspirativas y datos erróneos.

Estos procesos generan lo que los expertos llaman “cámaras de eco”: espacios digitales donde los usuarios solo encuentran información que refuerza sus creencias preexistentes, reduciendo así la posibilidad de debate crítico. Sin mecanismos robustos de verificación, estas cámaras se vuelven más impermeables, profundizando las divisiones sociales y polarizando el discurso público, como hemos podido apreciar en el último tiempo.

La lucha contra la desinformación plantea un dilema fundamental: cómo equilibrar el combate a las noticias falsas con el respeto a la libertad de expresión. En Chile, esta última está garantizada por el Artículo 19 de la Constitución, pero los límites entre expresión y desinformación son difusos. Críticos de los programas de verificación argumentan que estos pueden derivar en censura, pero la alternativa —un ecosistema digital sin controles— también pone en riesgo derechos fundamentales al facilitar la manipulación de la opinión pública.

El desmantelamiento del programa de Meta refuerza la necesidad de encontrar modelos que protejan tanto la libertad de expresión como el acceso a información confiable. Esto podría implicar una mayor participación de instituciones académicas, medios tradicionales y gobiernos en la creación de sistemas de verificación más transparentes y colaborativos. Hay allí mucho en qué crecer.

Pese a las implicaciones negativas, esta decisión también puede interpretarse como una oportunidad para el sistema mediático. Los medios tradicionales, que enfrentan una crisis de credibilidad, tienen aquí la posibilidad de reivindicarse como los guardianes de la información verídica, exacta y contextualizada. Esto requiere una renovación de sus estrategias: desde un mayor enfoque en la investigación periodística hasta la colaboración con tecnologías emergentes para detectar y desmentir desinformación en tiempo real.

Dr. Fernando Gutiérrez Atala
Académico Facultad de Comunicaciones
Universidad del Desarrollo (UDD)

El capítulo está dividido en tres grandes áreas. La primera, aborda el concepto de la desinformación centrándose en su clasificación y caracterización. En la segunda parte se analizan las vulnerabilidades  y las perspectivas éticas que la Inteligencia Artificial genera en el ámbito de la desinformación. Por último, se realiza una breve reseña de las investigaciones que se están desarrollando en el Observatorio Desinformación Chile.

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La investigación “Análisis de la desinformación en las elecciones generales de gobernadores y alcaldes del 27 de octubre de 2024” será desarrollada durante el año 2025.

La investigación “Análisis de la desinformación en las elecciones generales de gobernadores y alcaldes del 27 de octubre de 2024” abordará el análisis de la desinformación que existió en las elecciones generales de Gobernadores y consejeros Regionales, y de alcaldes y concejales que se celebraron el octubre de 2024.

Pedro Anguita señaló que “dicho estudio nos permitirá analizar la desinformación que circule en el periodo electoral, sus características y la población expuesta a dicha manipulación. La metodología que se propuso se fundamenta en lo que la European External Action Service (EEAS) define como la Foreing Information Manipulation and Interference (FIMI)”.

FIMI es una metodología de análisis de la desinformación que fue creada para analizar las operaciones de información llevadas a cabo en Europa, por potencias extranjeras, como China y Rusia. Dicha metodología, con las adaptaciones propias a nuestra cultura política y amenazas, elabora diversas categorías de análisis.

La investigación contará además con la participación de Mala Espina Check, quienes serán los encargados de detectar las desinformaciones que se analizarán. Cabe señalar, que Mala Espina Check forma parte de la International Fact Checking Network (IFCN).

Editoras: Isabel Serrano y Loreto Corredoira.

Este libro publicado por la editorial Dykinson, es resultado del proyecto de investigación “Garantías frente a la desinformación en procesos electorales. Cuestiones de ciberseguridad y otros desórdenes informativos en redes” del Observatorio Complutense de la Desinformación. En el libro se analizan en detalle las respuestas regulatorias que se han formulado en Europa y América Latina para enfrentar el fenómeno de la desinformación.

La primera parte del libro analiza la desinformación desde una perspectiva centrada en la ciberseguridad. La segunda, en tanto, está compuesta por distintas investigaciones académicas que abordan la desinformación desde diversas metodologías, que van desde el Análisis de Redes Sociales (ARS), análisis de contenido y estudio de casos. En tanto, la tercera parte del libro analiza las respuesta jurídicas que se han formulado para enfrentar la desinformación.

En el libro participaron los investigadores del Observatorio desinformación Chile, María José Labrador, Pedro Anguita y Oscar Jaramillo.

Democracia y Desinformación en Editorial Dykinson

La profesora de la Universidad del Desarrollo (UDD) e investigadora del Observatorio Desinformación Chile, María José Labrador, presentó los resultados de la observación electoral a los plebiscitos constitucionales de Chile en la edición 2024 de la Conferencia IAMCR, uno de los encuentros globales más relevantes en el campo de los estudios en comunicación.

En Christchurch, Nueva Zelanda, se llevó a cabo la conferencia anual de la International Association for Media and Communication Research (IAMCR), uno de los encuentros globales más importantes en el campo de los estudios de medios y comunicación. La conferencia, que reúne a cientos de investigadores alrededor del mundo, se desarrolló entre el 30 de junio y el 4 de julio de 2024.

Con la presentación titulada Disinformation during electoral processes in Chile in 2022 and 2023. Comparative analysis of fact-checking in the framework of constitutional plebiscites (Desinformación durante los procesos electorales en Chile en 2022 y 2023. Análisis comparativo de fact-checking en el contexto de plebiscitos constitucionales), las profesoras María José Labrador y Nairbis Sibrian expusieron los resultados del estudio que puso bajo la lupa los casos de desinformación que circularon durante los plebiscitos constitucionales de Chile en 2022 y 2023.

Este estudio abordó una perspectiva comparativa entre periodos y medios, ya que los casos de desinformación se obtuvieron de los dos principales verificadores chilenos, Fast Check CL y Mala Espina Check. Entre los resultados, destaca que el 83% de los casos de desinformación verificados por ambos medios provienen de redes sociales, mientras que sólo un 5,7% proviene de medios tradicionales de comunicación.

Además de esta presentación, las investigadoras participaron de reuniones temáticas con pares latinoamericanos y también del grupo de discusión llamado Law, Intelligence IA and copyright group. Por su parte, la profesora Labrador ofició como chair suplente del Law and media regulation group, un grupo conformado por investigadores de China, Turquía, Israel y Chile (en la foto).

Labrador es académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, con sedes en Santiago y Concepción, y forma parte del equipo de investigadores del Observatorio Complutense de Desinformación y del Observatorio de Desinformación chileno, donde también está Nairbis Sibrian.

La identificación de los desórdenes informativos fue realizada por la plataforma de verificación de datos, Mala Espina Check, quien forma parte de la IFCN (International Fact Checking Network). Entre los principales resultados, se encuentra el hecho de que se detectaron 16 desórdenes informativos y un explicativo durante el periodo de estudio, lo cual es bajo comparado con los anteriores procesos electorales chilenos. La mayor parte de la desinformación proviene de X (ex-Twitter) y en menor medida, de la franja electoral realizada en televisión abierta. Asimismo, el 81% de la desinformación tuvo el objetivo de distorsionar el encuadre o frame mostrado por los medios de comunicación.

Leer informe

Estudio UDD señala que 12,5% de la desinformación compartida para el plebiscito 2023 es atribuible a partidos – La Tercera

El 68,8% se difundió por X, el 12,5% desde la televisión y el resto desde TikTok, Instagram y Facebook

Autoras: Nairbis Sibrián y María José Labrador.

Referencia bibliográfica: Sibrián, N. y Labrador, M.J. (2024) Desafíos en torno a discursos de odio, eliminación masiva de datos y derecho al olvido. En I. Serrano y L. Corredoira (Eds). Democracia y Desinformación, Nuevas formas de polarización, discursos de odio y campañas en redes. Respuestas regulatorias de Europa y América Latina. (pp. 130 – 162). Dykinson.

Introducción: El surgimiento de delitos y derechos digitales, asociados al nuevo ecosistema de medios, genera variados debates sobre su conceptualización y formas de delimitarlos, entre otras cosas, debido al impacto que tienen en la transparencia de procesos electorales y democráticos (Risso, 2020). Asimismo, se producen una serie de tensiones cuando entran en colisión derechos y libertades vinculadas a la información. Por un lado, se encuentra el discurso de odio, el cual refleja conflictos entre grupos que se intensifican en redes sociales. Por otra parte, surge el derecho al olvido, entendido como la aspiración de una persona a eliminar información desfavorable sobre sí misma en sistemas informáticos (Anguita en Labrador y Carter, 2017).

Objetivo: Un primer objetivo de esta investigación es analizar los enfoques de los marcos regulatorios del discurso de odio en Internet y sus repercusiones sobre la democracia, considerando modalidades de desinformación y derechos emergentes.

Metodología: Se realizó un análisis de contenido de las legislaciones y/o proyectos de leyes en 20 estados de América Latina. Específicamente, se identificaron patrones normativos, modelos y tipo de legislación.

Principales resultados: En total, se encontraron 52 iniciativas legales, de las cuales 85% son leyes o artículos en códigos penales dedicados al odio, genocidio y discriminación, así como un 15% constituyen proyectos de ley que buscan regular las expresiones de odio en algún país latinoamericano. Del mismo modo, se encontraron 28 regulaciones que pertenecen al modelo sancionatorio, es decir, que incluyen penas, multas y algún tipo de castigo y 24 que forman parte del no sancionatorio, donde se encuentran los textos constitucionales y mecanismos legales sin especificar penalizaciones.

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